Crónica de una mala elección y de cómo la justicia agoniza en Veracruz
El ambiente era tenso aquella mañana del 2 de diciembre de 2019. En el Tribunal Superior de Justicia se efectuaría la elección de presidente por un período de tres años. Un día antes, el presidente saliente, Edel Álvarez Peña había recogido sus cosas.
Antes de ingresar al salón de plenos, un grupo de magistrados dialogaban entre sí. Los comentarios iban en torno a sobre quién se haría cargo del Poder Judicial de Veracruz. Hasta ese momento sólo había dos candidatas, Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, con 48 de experiencia dentro de ese poder y Sofía Martínez Huerta, quien apenas tenía un mes que había sido ascendida a magistrada.
El mini pleno que se dio cita ese día estaba integrado por: Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, Julio César Díaz Hernández, Amadeo Flores Villalva, Gilberto Ignacio Bello Nájera, Alejandro Gabriel Hernández Viveros, Marco Antonio Lezama Moo, Patricia Montelongo Guerrero y Lizbeth Hernández Ribbón.
Desde un día antes, corría la versión de que el súper delegado en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de quien se presume es primo de Sofía Martínez Huerta, había destinado recursos millonarios para favorecer a la nueva magistrada. Vaya, ni siquiera el gobernador Cuitláhuac García Jiménez habría influido tanto como el funcionario federal.
Inclusive, los dirigentes de los sindicatos del poder judicial, el titular y el democrático, María del Rocío Tinajero Osorio y Omar Mora del Moral, ya estaban enterados sobre quién dirigiría los destinos del Poder Judicial. Hasta tenían listas sus felicitaciones, mismas que publicaron en redes sociales una vez que finalizó la elección.
La tensión continuaba, pues Marco Antonio Lezama Moo, con esa pedantería que le acompaña desde que era un funcionario menor en la desaparecida Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (Y que obtuviera como premio una magistratura) enumeró los asuntos del día y mencionó los nombres de ambas candidatas. A la vez, desestimó las solicitudes de participación en la elección tanto de Concepción Flores Saviaga y Raúl Pimentel Murrieta.
De inmediato, Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros solicitó el uso de la voz y dio a conocer su proyecto que incluía que los integrantes del Consejo de la Judicatura y los visitadores efectuaran su función de vigilancia y no permanecer en sus oficinas sin hacer nada.
Del mismo modo, proponía un trato justo a los jueces, pues los integrantes de la Judicatura toman decisiones sin tomar en cuenta a los magistrados que están mejor enterados de la forma en que se trabaja en los juzgados. Proponía sanciones contra aquellos que exigieran dádivas, con separación del cargo previo instructivo de responsabilidad.
También proponía no cerrar la puerta a los meritorios en los juzgados y que se les diera acceso a una carrera judicial. De igual forma lamentaba que durante mucho tiempo al Poder Judicial llegara mucha gente a aprender, sin saber lo mínimo de leyes.
Proponía también la basificación del personal judicial y sobre todo, aprobar reformas en materia civil y procesal civil, entre otras cosas.
Sofía Martínez Huerta fue incluida en un paquete de 13 propuestas para magistrados enviada por Cuitláhuac García Jiménez, que poco o nada sabía sobre la situación al interior del Poder Judicial. Tan sólo se sabe que desde asumió el poder en diciembre de 2018, su objetivo era que Edel Álvarez Peña no se reeligiera.
Jamás se dio a conocer una propuesta de la otra candidata, Sofía Martínez Huerta, de quien los propios trabajadores ignoraban su experiencia judicial: “Sólo sé que estuvo trabajando en un juzgado municipal, que fue secretaria y que ya de avanzada edad logró sacar su licenciatura”, comentó alguno.
Entre pasillos se rumoraba que gracias a la relación y buena amistad que tenía con el ex magistrado Dionisio Gutiérrez García, la candidata ya tenía asegurada la presidencia. Poco importaba su poca experiencia y mucho menos que jamás hubiera sido juez siquiera.
“Ella no ha sido ni juez de manzana”, comentó un empleado del Poder Judicial.
De hecho, si uno quiere consultar el currículum de Sofía Martínez Huerta éste se mantiene oculto y sólo se dejó correr la versión de que tiene 30 años de experiencia en el Poder Judicial y que fue secretaria de un juzgado. Y aunque corrió la versión de que fue juez municipal esto ha sido desmentido: “Jamás fue juez”, expresan quienes conocen su trayectoria.
Por su parte, la carrera judicial de Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros ha sido impecable a lo largo de 48 años. Comenzó como escribiente, fue juez en 16 juzgados, ocho penales y ocho civiles a lo largo y ancho del estado.
Es maestra en derecho, ha sido catedrática, obtuvo el Premio al Mérito Judicial en 2011 superando a magistrados de todo el país. Maestra en Derecho Privado y con excelencia académica. Maestra en Derechos Fundamentales y Doctora en Derecho por la Universidad de Xalapa, obteniendo el Magna Cum Landem.
Diplomada en Derecho Notarial, Derecho Social y Económico, Derecho Fiscal, Derecho Procesal y Penal. También es diplomada en Juicios Orales por la University California Western of Law, en Estados Unidos de América. Es magistrada Numeraria y presidenta de la Sala de lo Familiar.
El resultado del mini pleno fue que Sofía Martínez Huerta era designada magistrada. No importó que fuera superada en toda la línea por Castañeda Palmeros. Había sido designada de “panzazo”, se dice que por así convenir a los intereses de su primo Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
Inclusive, hasta se dijo que cada voto favorable para Martínez Huerta habría costado 5 millones de pesos.
Nadie imaginó lo que sobrevendría después de su nombramiento. Ella prometió en sus declaraciones que habría una justicia pronta y expedita y hasta prometió una capacitación para los miembros del Poder Judicial y que habría todo tipo de facilidades para garantizar el acceso a la justicia.
Nada ocurrió. En lugar de eso, colocó a su nuera, Mayra Angélica Martínez Juárez como Secretaría de Acuerdos. Otro de sus hijos, César Díaz Martínez se ocupa de su imagen en el área de Comunicación Social.
No hay justicia, los juzgados están cerrados y abogados de todo el estado critican que no haya forma de implementar la justicia de manera digital. Se preguntan en qué se han invertido los recursos del Poder Judicial.
En los juzgados ni siquiera hay papel y los servicios de mensajería privada fueron cancelados y los mismos jueces tienen que gastar de su dinero para enviar documentación a Xalapa.
Los jueces y trabajadores menores son violentados, humillados y presionados por Mayra Angélica Martínez, la llaman la “nuera incómoda”.
El asunto es que quienes están alrededor de Sofía Martínez Huerta gozan de beneficios y poco importa si tienen la preparación para trabajar en un poder tan importante como el Judicial.
A causa de la epidemia de Covid-19 todas las actividades están paradas. Sólo se abren ventanillas para recibir documentación pero no se dirimen asuntos, salvo uno que otro urgente, pero en sí, la justicia está detenida en Veracruz.
Y no son pocos los que piensan que el nombramiento de Sofía Martínez Huerta como presidenta del TSJE fue un error. En serio, no son pocos.
Magistrados sin cédula profesional
En las últimas horas ha corrido la versión que uno de los magistrados del TSJE, Víctor Manuel César Rincón –protegido de Sofía Martínez Huerta-, no cuenta con carrera en derecho, ni doctorado, pues no tiene cédula profesional.
Poco antes de la elección de Martínez Huerta, fue uno de los que más la promovió entre sus compañeros. Ahora busca su ratificación, sin embargo, deberá ser investigado y peor aún para el Poder Judicial, de confirmarse que no es ni abogado, se vendrían en cadenas cientos de demandas si en los fallos viene su firma.
Por ello es que algunos magistrados consideran necesario que se haga una investigación para saber quién cuenta con cédula profesional y quién no, incluidos los trece magistrados que fueron electos en noviembre del año pasado y en ese grupo estaría la misma Sofía Martínez Huerta.
¡Quédate en casa!
Miguel Ángel Gómez Ruiz /RCK Noticias/Xalapa, Ver
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