El Poder Judicial en Veracruz, una vacilada: Contrapunto
Por: Miguel Ángel Gómez Ruiz
A pesar que el Poder Judicial de Veracruz tuvo tiempos malos con René Poblete y Edel Álvarez Peña cuando fueron presidentes, de 2018 a la fecha todo parece haberse ido al caño. Es verdad, ha tenido tres presidentas con Sofía Martínez Huerta, Isabel Romero Cruz y Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre y las tres se quedaron muy lejos de hacer algo bueno allí.
En efecto, el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez y sus corifeos: Eric Cisneros y Juan Javier Gómez Cazarín hicieron y deshicieron allí dentro: colocaron a quien pudieron, parecían agentes de colocaciones y pusieron a los peores, sobre todo porque la mayoría carece de carrera judicial.
En alguna ocasión, la entonces magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros (QEPD) comentó que lo ideal era elegir de magistrados a jueces de carrera por su conocimiento de la ley y no por un simple pago político, pero con Cuitláhuac García ocurrió esto último.
Si bien Sofía Martínez Huerta laboró 30 años en un juzgado municipal en Coatepec estaba estudiando una maestría, pero a Isabel Romero Cruz la sacaron del retiro para ser un simple títere que hacía todo lo que le decían y era una mera aplaudidora de López Obrador.
Con Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre la cosa no fue distinta, pues ella se convirtió en presidenta cuando demostró que era una incondicional del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y de la Fiscalía General del Estado (FGE) al dar prisión preventiva a dos empresarios que acusaron a la titular de la Comisión Nacional de Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara de extorsionarles luego que firmaron un contrato de servicios con esa dependencia.
La expriista Armida Ramírez Corral y otro sujeto que resultó muerto poco después, incondicionales de Guevara, exigieron a los empresarios 2.6 millones de pesos como “moche” por habérseles entregado ese contrato.
A los empresarios se les acusó de dar muerte al extorsionador y fueron llevados a Poza Rica en donde despachaba como juez Lisbeth Aurelia, que les dictó una prisión preventiva de dos años y alejándolos de Veracruz para obstaculizar a la defensa de los inversionistas.
Tiempo después, ella fue ascendida a magistrada, aparentemente como pago por el servicio y por haber librado de problemas a Ana Gabriela Guevara.
Pero el Poder Judicial de Veracruz ya estaba entrampado, pues Sofía Martínez Huerta denunció que el secretario de gobierno Eric Cisneros la insultó por negarse a entregarle al gobierno de Veracruz los fideicomisos del Fondo de Retiro de Magistrados y para la Impartición de Justicia.
Después que ingresó Isabel Romero Cruz a la presidencia el recurso desapareció y nadie hizo nada por aclararlo. Ella fue un simple objeto para que el gobierno de Veracruz hiciera y deshiciera allí dentro pese a que eran poderes distintos.
Con Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre la situación se endureció pues encarceló a políticos. Hay jueces que cumplen órdenes tanto de ella como del propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Un ejemplo de ello es el encarcelamiento –a fuerzas- del perredista Rogelio Franco Castán que fue secretario de gobierno de 2016 a 2018 y que ha sido amparado una docena de veces y las mismas veces ha terminado en la cárcel porque así ha sido voluntad del mandatario veracruzano.
Ahora, Lisbeth Aurelia se niega a reinstalar como magistrada a Gladis Maldonado que ganó un amparo y qué, además, ya fue reconocida por la mayoría de Morena en el Congreso local y devuelta desde allí a su cargo.
Por su desacato, Lisbeth Aurelia fue multada por más de 10 mil pesos y si continúa en su negativa, seguirá recibiendo multas, hasta que sea despedida, encarcelada e inhabilitada, pues así lo señala la ley.
Además de Sofía, Inés y Lisbeth Aurelia, el Poder Judicial tiene como magistradas a Ailett García Cayetano, carente de conocimientos sobre la ley, además que se asegura que es familiar del gobernador y a María Lilia Viveros cuyo mérito es que en sus tiempos de juventud bailaba con el mandatario. Así las cosas.
Pero algo es seguro, Gladis Maldonado tiene que volver, como también tiene que volver Marco Antonio Lezama Moo que también cuenta con un amparo. La ventaja es que los dos son institucionales, pero no manejables como en su momento lo fue Roberto Dorantes, llevado a un lugar poco accesible y absolutamente rendido al gobierno actual.
PD El presidente López Obrador, sus gobernadores (as) así como sus Senadores, diputados y diputadas federales, alcaldes, alcaldesas, legisladores y legisladoras locales tienen la obligación de trabajar por el bien del país, estados y ciudades donde gobiernan y no andar en campaña y tratando de asegurar cargos para el año que viene.
Ya sabemos que si la candidata Claudia Sheinbaum llega a ganar la elección –quiera Dios que no- ella hará todo lo que él diga, pues ella tiene una obediencia ciega hacia el tipo.
Pero lo más trágico es que todos ellos andan en campaña y nadie les dice o hace nada y eso es peor. Lamentable.
