TSJEV, sin justicia y sin prevención contra el Covid-19
El rezago que mantiene Veracruz en cuanto a impartición de justicia es dramático. La situación se agravó a causa de le epidemia de coronavirus que provocó el cierre del Palacio de Justicia en Xalapa, las ciudades judiciales y juzgados en todo lo largo y ancho de la entidad.
Lamentablemente desde que asumió el cargo como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJEV), Sofía Martínez Huerta no ha tenido la disposición de invertir recursos para que las audiencias se efectúen en línea o videoconferencia.
Pese a la demanda de barras, federaciones y asociaciones de abogados de todo el estado, no ha habido eco. Martínez Huerta se ha pasado más tiempo defendiendo las posiciones que insertó, cargos que otorgó a familiares y amigos, que en buscar una solución para hacer que en la entidad haya una justicia expedita.
Los abogados claman porque se abran juzgados o bien que se modernice el Poder Judicial: “Es una demanda de los abogados y los justiciables”, comentó hace días Tomás Mundo Arriasa, quien amagó con solicitar juicio político en contra de Sofía Martinez Huerta.
Desde que asumió el cargo, el recurso económico del Poder Judicial se gastó en nimiedades. Inserciones en periódicos elegidos a conveniencia, compras innecesarias y un silencio absoluto ante la demanda de que se modernice.
Además del Poder Judicial de la Federación, 17 estados permiten audiencias en línea. Estos son Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Edomex, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.
En Veracruz no hay indicios que eso vaya a ocurrir pronto. Antes de eso se defiende el nepotismo y el amiguismo. Ha quedado claro que Sofía Martínez Huerta no tiene el conocimiento, la experiencia ni mucho menos la voluntad por mejorar la impartición y por ende, la aplicación de justicia.
Son decenas de miles de casos que están parados. Juicios civiles, penales, administrativos y laborales, que están detenidos. No se puede hablar de que hay apertura del Poder Judicial si tan sólo se abren módulos para recibir documentos.
La nula experiencia de Sofía Martínez y el desconocimiento de la ley hacen que su gestión no sólo sea chata, sino oscura, pues su reinado no la llevará a ninguna parte, mucho menos ahora que el Gobierno del Estado y los diputados locales, comandados por un gángster como Juan Javier Gómez Cazarín, le pusieron un freno y no porque les interese la justicia, sino porque no quieren que ella se coma sola el pastel, quieren el poder y el recurso del Poder Judicial, que supera en presupuesto los 1 mil 400 millones de pesos.
Salud de empleados del Poder Judicial, en riesgo.
Desde que inició el parón en el Poder Judicial en Veracruz, en marzo, poco o nada se ha hecho para mantener sanitizadas y libres de virus las instalaciones.
A base de billetazos, se logró que no se filtraran dos casos de covid-19 que había antes de que se paralizaran las actividades en el TSJEV.
Los empleados, con miedo, empacaron sus cosas y se marcharon. En ese momento no se implementaba el uso de caretas y cubrebocas y eran pocas las oficinas que ofrecían gel antibacterial y toallitas húmedas, que era lo común y que se sabía, que podía reducir el peligro, más no garantizaba que no hubiera contagios.
La magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros lamentó que en los distintos edificios del Poder Judicial y en los juzgados, así como en las ciudades judiciales no se instalaran los filtros y el equipo de sanitización con el que ya cuentan en otros estados. De hecho, recomendó que desde antes del ingreso a las instalaciones, se apliquen las pruebas correspondientes, como medir la temperatura y que se utilicen los tapetes, el gel antibacterial y que todo aquél que quiera ingresar a los edificios utilice cubrebocas.
Y es que el tema del coronavirus sigue siendo grave. La pandemia no está domada como lo aseguran las autoridades federales, pero también es cierto que el tema de la justicia debe ser considerado esencial, de ahí que se recomienda que la apertura de los tribunales deba efectuarse en orden y con todos los protocolos establecidos. Para proteger a los trabajadores, a los abogados y a todos aquellos que están a la espera de una resolución.
Inclusive, las medidas deben ser tan estrictas que se debiera utilizar el uso de la fuerza pública en caso de que alguien se resista a abandonar las instalaciones si representa un riesgo para la salud de los demás.
Ahora hay que esperar a ver qué ocurre, si es que en efecto, el Poder Judicial en Veracruz reabrirá sus puertas el próximo 31 de agosto. Por el bien de Veracruz y su población esperemos que sí pero siempre y cuando se garantice que se trabajará en la limpieza y sanitización de las instalaciones para reducir riesgos.
¡Quédate en casa!
Miguel Ángel Gómez Ruiz/RCK Noticias/Xalapa, Ver.
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